Revista NEYART
ISSN: 2992 - 7161
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EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y LA RELACIÓN CON EL
TRATAMIENTO EFECTIVO DE LOS DELITOS DE ACCIÓN
PRIVADA EN SIGUATEPEQUE, HONDURAS
THE PRINCIPLE OF OPPORTUNITY AND ITS RELATIONSHIP TO
THE EFFECTIVE HANDLING OF PRIVATE-PROSECUTION
OFFENSES IN SIGUATEPEQUE, HONDURAS
Rivera Valenzuela Gabriel Alfonso
Universidad Tecnológica de Honduras
https://orcid.org/0009-0002-3983-7580
gabrielrv@uth.hn
Orellana Castillo Aurora*
Autor corresponsal
Universidad Tecnológica de Honduras
https://orcid.org/0009-0008-4131-1856
aurora.castillo@uthh.hn
Medina Reyes Adalid
Universidad Tecnológica de Honduras
https://orcid.org/0000-0002-2015-3819
adalid.medina@uth.hn
López Mass Andino Sandy Marina
Universidad Tecnológica de Honduras
https://orcid.org/0009-0006-5951-0605
smlopezmass@uth.hn
DOI:
https://doi.org/10.61273/neyart.v1i2.229
| Recibido:
08/07/2026 |
Aceptado:
09/09/2026
|
Publicado:
10/10/2026
Esta obra está bajo
una licencia internacional
Creative Commons Atribución 4.0
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ISSN: 2992 - 7161
Edición 4 | Vol. 4 – Núm. 5 | julio – diciembre 2026 |
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52
Artículo de Investigación Original
Resumen--
El siguiente articulo científico tuvo como objetivo analizar el impacto de la aplicación del
principio de oportunidad en el sistema de justicia penal hondureño. Se empleó un enfoque cuantitativo,
para el procesamiento estadístico, así mismo se empleó un alcance descriptivo y el correlacional, con el
objeto de destacar las características más relevantes del fenómeno de investigación, por otra parte, se
generó una indagación bajo un diseño no experimental, transversal, dado que no hubo manipulación en
las variables. La investigación evidenció que existe una correlación positiva media entre las variables
principio
de
oportunidad
y
el
tratamiento
efectivo
de
los
delitos
de
acción
privada,
con
un
Rho
de
Spearman de ,516**, existiendo también una relación significativa entre la política criminal del Estado y
el uso del desistimiento como herramienta de simplificación procesal. En conclusión, se determinó que
el principio de oportunidad es el eje fundamental de la justicia penal en Honduras, el cual evita que existan
congestionamiento en el sistema procesal penal, aunado a los principios de celeridad y economía procesal.
Palabras clave
-- Administración de justicia
1
, desistimiento, derechos de la víctima, extinción de la acción
penal, política criminal.
Abstract--
This scientific article aimed to analyze the impact of applying the principle of prosecutorial
discretion principio de oportunidad within the Honduran criminal justice system. A quantitative approach
was used for statistical processing, alongside descriptive and correlational scopes designed to highlight
the most relevant characteristics of the phenomenon under study; furthermore, the research employed a
non-experimental, cross-sectional design, as there was no manipulation of variables. The study revealed
a moderate positive correlation between the principle of prosecutorial discretion and the effective handling
of private-action offenses with a Spearman’s Rho of 0.516** as well as a significant relationship between
State criminal policy and the use of case withdrawal desistimiento as a tool for procedural simplification.
In conclusion, the principle of prosecutorial discretion was determined to be a cornerstone of criminal
justice in Honduras, serving in conjunction with the principles of celerity and procedural economy to
prevent congestion within the criminal procedural system.
1
El término “administración de justicia” corresponde a un descriptor preferido del Tesauro de la UNESCO.
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Artículo de Investigación Original
Keywords--
Administration of justice
2
, criminal policy, termination of criminal proceedings, victims’
rights, withdrawal of prosecution.
INTRODUCCIÓN
En Honduras, el principio de oportunidad se aplica mediante la figura del criterio de oportunidad, cuya
utilización está sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación procesal penal. La
normativa también determina los efectos derivados del incumplimiento de los acuerdos alcanzados. Su
incorporación al proceso penal constituye una manifestación de la política criminal del Estado, al permitir
que el Ministerio Público se abstenga de iniciar la persecución penal o desista de la ya iniciada en los
casos autorizados por la ley (Miranda, 2025).
El principio de oportunidad se aplica en Honduras por medio de la figura del criterio de oportunidad, está
regulada
por
requisitos
que
deben
concurrir
para
su
aplicación,
además
de
las
implicancias
del
incumplimiento del acuerdo que se desprende de este criterio cuáles son sus efectos todo ello es regulado
en la norma procesal penal de Honduras. La incorporación del principio de oportunidad en el proceso
penal, es una característica innovadora en la aplicación de la política criminal, y puede definirse como una
facultad que le permite a la fiscalía general de la Nación suspender, interrumpir o reanudar la persecución
penal (Moreno, 2024).
La
evolución
del
principio
de
oportunidad
ha
estado
marcada
por
debates
doctrinales
y
jurídicos
relacionados con las reformas dirigidas a mejorar la eficacia del sistema penal, sin desatender las garantías
y
los
derechos
fundamentales.
Su
incorporación
al
proceso
penal
responde
a
factores
dogmáticos,
procesales, constitucionales, político-criminales, orgánicos y económicos, influenciados por las corrientes
minimalistas y expansionistas del derecho penal (Hernández, 2023). En este contexto, las restricciones
doctrinales y legislativas impuestas tradicionalmente a este principio han disminuido, favoreciendo su
incorporación en las legislaciones procesales penales (Rodríguez Arias, 2020).
En Honduras, el principio de oportunidad se encuentra regulado en el Código Procesal Penal. Sin embargo,
continúan las interrogantes sobre sus límites y alcances, específicamente en los delitos de acción pública
dependientes de instancia particular previstos en el artículo 26 del Código, en los cuales la víctima puede
2
The term “administration of justice” is a preferred descriptor in the UNESCO Thesaurus.
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Artículo de Investigación Original
instar al Ministerio Público para que ejerza la persecución penal. En el ámbito latinoamericano también
se reconoce la importancia de este principio, aunque su aplicación continúa generando debates teóricos y
doctrinales debido a su posible contraposición
con otros principios del
proceso penal
(López Torres,
2024).
El principio de oportunidad busca agilizar los procesos y descongestionar el sistema penal. No obstante,
si se aplica excesiva o inadecuada puede comprometer la protección de los derechos fundamentales. Por
lo tanto, es necesario establecer con claridad sus límites y alcances, procurando un equilibrio entre la
eficiencia
procesal,
los
derechos
del
imputado
y
los
derechos
de
la
víctima.
Aunque
corresponde
al
Ministerio Público ejercer la persecución penal, la legislación le permite abstenerse de iniciarla o desistir
de la ya iniciada únicamente en los casos legalmente establecidos (Uribe, 2023).
En
el
derecho
procesal
penal
existen
mecanismos
alternativos
que
pueden
contribuir
a
reducir
la
congestión
judicial.
Entre
ellos
se
encuentra
el
criterio
de
oportunidad,
reconocido
en
la
legislación
hondureña como una medida desjudicializadora. La derivación de delitos a los centros especializados de
mediación penal sigue siendo mínima por parte de jueces y fiscales los cuales podrían resolverse mediante
salidas alternas al juicio oral. En determinados escenarios, estas dinámicas son valorados únicamente
como
medios
de
descongestión
aplicables
a
delitos
de
menor
gravedad
o
a
procesos
que
no
reúnen
suficientes elementos para obtener una condena (González, 2022).
Las brechas detectadas en el derecho procesal penal radican en conciliar la eficacia punitiva con el estricto
respeto a los derechos fundamentales. Este balance es clave para que el castigo del Estado no afecte los
derechos humanos, por consiguiente, el sistema debe proteger los derechos de la víctima y del imputado
por
igual.
En
este
mismo
sentido,
se
requiere
aplicar
correctamente
la
Constitución
y
los
tratados
internacionales, procurando una intervención penal excepcional y mínima (Domínguez Gallego et. al,
2022).
Por
consiguiente,
es
indispensable
compatibilizar
el
funcionamiento
punitivo
con
el
respeto
a
la
Constitución. Dentro de estas alternativas, el
principio de oportunidad puede facilitar la solución del
conflicto penal mediante un acuerdo entre el imputado y la víctima, con la participación del Ministerio
Público. Su aplicación responde al principio de consenso y permite, en los casos autorizados por la ley,
finalizar anticipadamente el proceso penal (Amésquita, 2023).
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El principio de oportunidad permite centrarse en los delitos graves y no perder tiempo en los menores. Su
aplicación responde a la imposibilidad material de perseguir con la misma intensidad todos los hechos
presuntamente delictivos. De este modo, ayuda a ponderar la mínima trascendencia social del acto y el
grado de lesión al bien protegido (Murcia, 2025).
El presente estudio se justifica ya que no existen estudios en Honduras que analicen la relación entre el
principio de oportunidad y el tratamiento
efectivo de los delitos
de acción
privada en Siguatepeque,
Honduras. En el aspecto jurídico y social, la aplicación de este principio exige conciliar la simplificación
procesal y la descongestión del sistema penal con la protección de los derechos de la víctima y las garantías
del imputado. En estudio permitirá profundizar las teorías sobre las perspectivas normativas y doctrinales,
lo que permite ampliar su comprensión dentro del contexto penal estudiado. En ese mismo sentido, los
resultados
posibilitaran
conocer
la
percepción
de
los
operadores
de
justicia
y
abogados
privados
participantes
respecto
de
la
aplicación
de
estas
figuras
procesales.
Los
datos
recolectados
permitirán
identificar
oportunidades
de
mejora
en
su
utilización,
sin
desconocer
los
límites
establecidos
por
la
legislación.
El
diseño
metodológico
de
este
estudio
proporciona
un
antecedente
para
futuras
investigaciones que analicen el principio de oportunidad y los delitos de acción privada en otros contextos
del sistema de justicia penal hondureño.
El
estudio
adoptó
un
enfoque
cuantitativo,
sustentado
en
el
procesamiento
estadístico
de
los
datos
recolectados. De igual manera, un alcances descriptivo y correlacional, ya que el alcance descriptivo
permitió caracterizar las variables investigadas, mientras que el
correlacional posibilitó determinar la
relación
existente
entre
ellas
en
términos
estadísticos.
Se
utilizo
un
diseño
no
experimental
de
corte
transversal, debido a que las variables fueron observadas sin manipulación y la información se recolectó
en un único momento (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2023).
El
estudio
tuvo
como
objetivo
general
analizar
la
relación
entre
el
principio
de
oportunidad
y
el
tratamiento efectivo de los delitos de acción privada en Siguatepeque, Honduras. Con la finalidad de
alcanzar
este
propósito,
se
buscó
determinar
la
relación
entre
la
política
criminal
del
estado
y
el
desistimiento, así como establecer la relación entre la extinción de la acción penal y los derechos de la
víctima.
En
correspondencia
con
los
objetivos
planteados,
surge
la
necesidad
de
dar
respuesta
a
la
siguiente interrogante: ¿qué relación existe entre el principio de oportunidad y el tratamiento efectivo de
los delitos de acción privada en Siguatepeque, Honduras?
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El principio de oportunidad es un esfuerzo legislativo que permite dotar de mayor eficiencia al sistema
penal,
salvaguardando
simultáneamente
las
garantías
fundamentales.
Al
habilitar
la
discrecionalidad
reglada para suspender o renunciar a la persecución de determinados delitos, su viabilidad jurídica queda
supeditada al cumplimiento riguroso de las
condiciones materiales, formales y
cronológicas vigentes
(Villalva Espinosa & Medina Medina, 2024).
El principio de oportunidad surgió ante la necesidad del Estado de flexibilizar la persecución penal y
reducir la congestión del sistema de justicia. Su aplicación permite considerar la naturaleza y relevancia
del hecho antes de decidir si resulta pertinente continuar con la acción penal. De esta manera, la legislación
concede al Ministerio Público la facultad de abstenerse de iniciar la persecución o desistir de la ya iniciada
en
los
supuestos
autorizados.
Esta
decisión
debe
someterse
al
correspondiente
control
de
legalidad
(Castro, 2013).
Algunas
investigaciones
sugieren
que
en
el
continente
europeo
el
principio
de
oportunidad
presenta
diversas discrepancias en cuanto a una definición clara. Puesto que, el principio de oportunidad, a pesar
de que ha sido implementado en sistemas de origen europeo continental durante más de tres décadas,
todavía carece de un concepto claro y sigue dependiendo de su relación con el principio de legalidad.
Tampoco existe una claridad sobre la posición que adopta el principio de oportunidad en relación con el
principio de legalidad, es decir, si se opone o complementa a este último. (Teixeira, 2023)
El principio de oportunidad fue establecido en la Ley Emminger de 1924 en Alemania como una respuesta
al aumento de delitos menores en la sociedad de la época. Esta ley se encuentra en el artículo 153 y fue
ampliamente discutida en la comunidad científica. La Ley Emminger otorgó al Ministerio Público de
Alemania la capacidad de no ejercer acciones penales en contra de un procesado bajo ciertas condiciones.
Estas
incluyen
reparar
el
daño
causado,
realizar
prestaciones
de
utilidad
pública
y
cumplir
con
obligaciones
específicas.
Sin
embargo,
durante
la
Segunda
Guerra
Mundial,
varios
países
europeos
experimentaron un aumento en la frecuencia de delitos leves debido al conflicto social que se presentaba
en ese momento. Debido a esto, en países como Alemania, Portugal e Italia se hizo necesario reformar el
sistema procesal relacionado con el principio de oportunidad. A mediados del siglo XX, América Latina
adoptó
sistemas
de
justicia
alternativa
inspirados
en
las
reformas
procesales
realizadas
en
Europa.
(Cacuango, 2023)
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El principio de oportunidad constituye una respuesta a las tensiones existentes entre la eficiencia procesal
y
la
justicia
restaurativa,
pues
permite
flexibilizar
la
persecución
penal
en
determinados
casos.
Su
fundamento
se
relaciona
con
corrientes
filosóficas
y
jurídicas
como
el
utilitarismo,
la
ética
de
la
responsabilidad,
el
contrato
social
y
la
teoría
del
derecho
penal.
Desde
la
perspectiva
utilitarista,
se
justifica
por
la
posibilidad
de
optimizar
los
recursos
estatales,
evitar
procedimientos
innecesarios
y
concentrar la persecución penal en los casos de mayor relevancia social. (Oliveros, 2025)
La aplicación de este principio se encuentra sustentada a nivel constitucional y doctrinal, en Honduras se
le
aborda
a
través
de
los
principios
constitucionales
de
defensa,
debido
proceso,
y
demás
garantías
constitucionales que tienen que ver con derechos fundamentales, y que debe observar también la igualdad
entre las partes procesales, donde también se puede evocar el principio de igualdad de armas.
Así, existe un deber en cabeza del ente acusador de corroborar, en la medida de lo posible, la veracidad
de las circunstancias narradas por el aspirante a un principio de oportunidad, siempre y cuando estas
guarden relevancia a la luz de los hechos investigados. (Pardo Monsalve, 2023)
El principio de oportunidad, es una herramienta estratégica, en la búsqueda de la armonía del sistema
penal,
lo
cual
puede
en
algún
punto
resultar
contradictorio
y
generar
tensiones,
sin
embargo,
en
la
búsqueda de la armonía se pretende que el sistema evite el desborde en razón de casos de poca relevancia
social. De igual manera la aplicabilidad del principio de oportunidad, mismo que está inmerso y regulado
como política criminal del Estado, supeditado al control de legalidad ejercido por el juez de control de
garantías. (Ocampo, 2024)
La persecución penal no puede ejercerse de manera absoluta, sino dentro de los límites establecidos por
el
ordenamiento
jurídico.
En
este
contexto,
el
principio
de
oportunidad
constituye
una
facultad
excepcional del Ministerio Público, conforme con lo dispuesto en el artículo 28 del Código Procesal Penal
de Honduras. Por consiguiente, el órgano acusador solamente puede abstenerse de iniciar la investigación
o desistir de la ya iniciada en los casos autorizados por la ley. Su aplicación también debe someterse al
correspondiente control de legalidad judicial. (Ahumada, 2025)
La relevancia de la discusión, pasa por determinar si podemos reemplazar o no el modelo clásico de
enjuiciamiento de la persona jurídica por un modelo de resolución transaccional más conveniente para la
sociedad. Lo anterior significa abrir la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad en el proceso penal,
que permitan solucionar legítimamente el conflicto jurídico-penal empresarial a través de un equivalente
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funcional de la pena. (Portales González, 2025) Esto se refuerza al comprender que la acción de naturaleza
penal, es una potestad que tienen las personas en el orden jurídico para acudir ante el juez con la finalidad
de que se les responda acerca de determinada pretensión. (León Padrón et al., 2022)
Una vez planteada la acción penal, se entenderá que se puede desistir de esta o se puede aplicar el principio
de oportunidad en cuanto a la pertinencia de continuar con la persecución penal, y aunque ambos son
mecanismos utilizados en diferentes contextos, del principio de oportunidad puede decirse que abarca el
desistimiento, por tanto, la aplicación de este principio se refiere a la iniciación o al desistimiento de la
investigación penal. (Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 2018)
La relación entre el principio de oportunidad y los delitos de acción privada plantea diferencias respecto
de
su
aplicación
en
los
delitos
de
acción
pública.
En
estos
últimos,
la
persecución
corresponde
principalmente al Ministerio Público; en cambio, en los delitos de acción privada, el inicio y la continuidad
del proceso dependen de la actuación de la persona agraviada. La legislación penal incluye dentro de esta
categoría determinados delitos contra el honor, la revelación de secretos, el chantaje y algunos supuestos
de estafa mediante cheque. En este contexto, resulta necesario examinar la compatibilidad entre el criterio
de oportunidad, la voluntad de la víctima y los límites de la persecución penal (Molina, 2023).
El principio de oportunidad tiene relación con los delitos de acción privada, pues ambos buscan equilibrar
el ejercicio de la acción penal. Los antecedentes de la acción penal por particular se remontan al derecho
romano, donde la víctima tenía la facultad de iniciar un proceso penal contra el presunto responsable de
un delito. (Martínez, 2024) si bien es cierto la justicia penal cuenta con el objeto de aplicar una efectiva y
pronta justicia penal, tal como reza la norma, también es cierto que esa acción debe tener un límite y
observar un equilibrio. Así algunos estudios sugieren que los delitos, pueden ser de tres tipos: públicos,
semipúblicos y delitos privados, y todos ellos están regidos por alguna manifestación del principio de
oportunidad. (San Cristóbal, 2022)
a
extinción
de
la
acción
penal
constituye
otro
elemento
relevante
para
comprender
el
principio
de
oportunidad,
pues
permite
finalizar
la
persecución
cuando
concurren
las
condiciones
previstas
en
la
legislación.
Este
principio
puede
aplicarse
a
hechos
de
menor
relevancia
penal
con
el
propósito
de
racionalizar la intervención estatal y contribuir a la celeridad y economía procesal (Moya, 2022). No
obstante,
la
extinción
de
la
acción
penal
debe
aplicarse
con
criterios
objetivos
y
con
respeto
de
los
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derechos de la víctima. En este ámbito, la jurisprudencia puede actuar como un mecanismo corrector
frente a posibles interpretaciones que afecten su protección jurídica (Castro Menacho et al., 2025).
El principio de oportunidad es una excepción, a la acción penal que es obligatoria, en tanto que con este
se puede prescindir de continuar con la misma, y dar un tratamiento diferente que contiene según la
normativa hondureña un acuerdo, que habla del incumplimiento del acuerdo de reparación. ASÍ, El fiscal
podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada. Se entrega entonces la
facultad al ministerio fiscal de poder extinguir el ejercicio de la acción penal a través de dos presupuestos:
abstenerse de la investigación penal; y desistir de la ya iniciada. (Hoyos Zavala & Alfonso Caveda, 2023)
Un
aspecto
central
en
la
aplicación
del
principio
de
oportunidad
es
la
protección
de
los
derechos
y
garantías de la víctima. La persona agraviada no solo ha sufrido las consecuencias del delito, sino que
también puede verse afectada por una decisión que finalice anticipadamente la persecución penal. Por
ello, debe ser informada y escuchada durante la celebración de los acuerdos, aunque la legislación no
necesariamente le reconozca la facultad de vetarlos (Fuentes Tenorio & Banguera Díaz, 2025). Al respecto
de ello, algunas investigaciones sugieren que todo parte del acuerdo de reparación, señalando que, con
relación a poder realizar preacuerdos, la victima tiene derecho a ser oída e informada de los acuerdos
celebrados, así no cuente con un poder de veto sobre los mismos. (Zúñiga Martínez, 2023)
El derecho de la víctima contra el del imputado en los procesos penales genera debates en un sentido
jurídico y doctrinal, ofreciendo posturas diferenciadas en cuanto a cómo se deben aplicar estos, y la
percepción
acerca de qué derechos prevalecen
más. Podría pensarse que al
momento
de delinquir el
imputado pierde muchos de sus derechos al violentar los de otra persona, sin embargo, la norma es clara
en
cuanto
a
que
estos
conservan
sus
derechos,
y
la
ley
procesal
penal
ofrece
además
de
medidas
desjudicializadoras, también beneficios que derivan en la reducción de las penas. Sin embargo, en el caso
de la aplicación del principio de oportunidad, en la medida que se persigue no solo el involucramiento
directo de víctima y victimario en el conflicto que los aqueja, sino la reparación integral, lográndose
igualmente una justicia pronta y oportuna, sin mayores dilaciones que afecten los derechos de las víctimas
y las garantías del procesado (Ortega, 2023).
DESARROLLO
La presente investigación se abordó bajo un enfoque cuantitativo, dado que este resultó idóneo para medir
y analizar objetivamente las percepciones de los operadores jurídicos y abogados privados considerados
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como muestra en el estudio sobre el principio de oportunidad en los delitos de acción privada dentro del
área penal. Esta vía metodológica permitió cuantificar el fenómeno, vincular las categorías de análisis
entre sí y asegurar que los resultados pudieran replicarse (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2023)
El nivel adoptado fue descriptivo-correlacional, orientado a caracterizar los conocimientos y prácticas de
los participantes y, a partir de ello, establecer la relación entre el principio de oportunidad y los delitos de
acción privada. Respecto al diseño, se optó por uno no experimental de corte transeccional, ya que la
información se recolectó en un solo momento, sin intervenir ni manipular las variables, limitándose a
describir el fenómeno tal como se presenta en su entorno. (Kerlinger & Lee, 2020)
La población quedó integrada por operadores de justicia del sistema penal hondureño, incluyendo también
a los abogados privados que ejercen funciones de defensa dentro de ese mismo sistema. De este universo
se tomó una muestra de 89 profesionales del derecho, elegidos mediante un muestreo no probabilístico
intencional en función de su vínculo directo con procesos donde se ha aplicado el principio de oportunidad
en delitos de acción privada. Como criterios de inclusión se consideraron: (a) el ejercicio activo dentro
del ámbito jurídico-penal, (b) contar con experiencia previa en procesos judiciales vinculados al tema, y
(c) haber participado directamente en casos donde se aplicó el principio de oportunidad en delitos de
acción
privada.
Quedaron
fuera
del
estudio
aquellos
profesionales
que
no
contaban
con
experiencia
específica en la materia. La Tabla 1 muestra cómo se distribuyó la muestra.
Tabla 1
.
Perfil de la unidad de análisis según cargo
.
Unidad de análisis
Profesionales del derecho
No
Fiscal
3
Juez
3
Abogado privado
68
Defensor público
15
Total
89
Fuente
.
Elaboración propia.
Para la recolección de la información se elaboró un cuestionario estructurado con ítems tipo Likert de tres
opciones de respuesta (de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo), organizado en torno
a seis dimensiones: principio de oportunidad, política criminal, desistimiento, delito de acción privada,
extinción de la acción penal y derechos de la víctima. La validez de contenido se verificó mediante juicio
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de especialistas en derecho penal y procesal, quienes valoraron la pertinencia y claridad de cada ítem.
Adicionalmente se aplicó una prueba piloto a diez profesionales con un perfil similar al de la muestra
definitiva, a partir de la cual se estimó la confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente Alfa de
Cronbach, indicador que permite valorar la consistencia interna entre los reactivos a partir de la frecuencia
de respuesta observada; en este caso se obtuvo un valor de .916. (George & Mallery, 2023)
Tabla 1
.
Estadística de Fiabilidad.
Resumen de procesamiento de casos
N
%
Casos
Válido
10
100,0
Excluido
a
0
,0
Total
10
100,0
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.
Fuente
.
Elaboración propia mediante el software SPSS versión 27
.
El levantamiento de la información tuvo lugar entre marzo y abril de 2026, a través de un cuestionario
diseñado en Google Forms y compartido digitalmente por correo electrónico y WhatsApp, garantizando
en todo momento el anonimato y la confidencialidad de quienes participaron. Los datos recabados se
exportaron primero a una hoja de Microsoft Excel para su depuración y, posteriormente, se procesaron en
el software SPSS versión 27, donde se codificaron las variables, se generaron estadísticas descriptivas
(frecuencias y porcentajes) y se calcularon correlaciones de Spearman para establecer la relación entre las
variables de estudio (Field, 2013).
Al tratarse de un diseño transversal, toda la información se recabó en un único momento. Para facilitar la
lectura de los hallazgos en función de los objetivos planteados, los resultados se presentaron organizados
en tablas y gráficos (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2023).
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los resultados observan que en cuanto al cargo en el cual la muestra se desempeña y el sexo de la misma,
destacan
en el
sexo masculino, los
abogados privados con un 47.19%, en el
sexo femenino también
destacan con un 29.21%, seguido en ambos sexos por los defensores públicos que en el sexo femenino
destacan con un 11.24% y en el masculino con un 5.62%, con menor participación se encuentran cargos
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
N de elementos
,916
28
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como fiscal con un 2.25% en el sexo masculino y un 1.12% en el sexo femenino, finalmente los jueces
con una participación de 1.12% en el sexo masculino, y de 2.25% en el sexo femenino.
Se observa a partir de los resultados que en el ámbito privado los profesionales del derecho encuentran
mayor oportunidad que en el desarrollo de la carrera judicial, sin embargo, se observa como esta última
resulta inclusiva en cuanto a brindar mayor participación a la mujer hoy en día, lo que se alinea con
principios como el de la igualdad de oportunidades para la mujer. En este sentido, se observa que la carrera
judicial ofrece mayores espacios de desarrollo para la mujer en cuanto a los resultados ofrecidos en cargos
como el de jueces, así mismo el desarrollo como abogadas privadas ofrece suma oportunidad a las mujeres.
Figura 1
.
Gráfico cruzado sexo y cargo que desempeña
.
Fuente
.
Elaboración propia mediante el software SPSS versión 27
.
En cuanto al área geográfica de donde proviene la muestra y el tiempo de laborar se observa que destaca
el área urbana con un 43.82% con un tiempo de laborar de 1 a 5 años, y el área rural con un 7.87%, en
aquellos que llevan laborando un periodo de 6 a 10 años destacan los del área urbana con un 17.98% y el
área rural con un 2.25%, finalmente aquellos que llevan de 11 años en adelante destaca el área urbana con
un 23.60% y el área rural 4.48%, observando como destaca el área urbana y aquellos que llevan un periodo
de tiempo de laborar de 1 a 5 años.
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Estos hallazgos dejan ver cómo se concentra el desarrollo profesional en las zonas urbanas, lo que tiene
mucho sentido ya que en las zonas urbanas se concentra la mayoría de población, así mismo se deja ver
que son profesionales jóvenes en vista de que la mayoría tienen un tiempo de laborar de 1 a 5 años, su
experiencia laboral es reciente en el desarrollo de la carrera como abogados sobre todo y algunos en la
carrera judicial que desarrollan.
Figura 2.
Gráfico cruzado tiempo laborando y área geográfica.
Fuente
.
Elaboración propia mediante el software SPSS versión 27
.
Los resultados indican que entre la variable principio de oportunidad y delito privado existe un nivel de
correlación Rho de Spearman de .516
**
, lo cual representa una correlación positiva media, este hallazgo
sugiere que la aplicación del principio de oportunidad se encuentra relacionada al tratamiento de los
delitos de acción privada, es decir, que a medida que se gestionan adecuadamente estos principios, se
facilita la resolución y el manejo procesal de las conductas tipificadas como delitos privados, permitiendo
que la autonomía de la voluntad y la simplificación procesal resulten progresivos para el manejo del
desarrollo procesal y el descongestionamiento del sistema proponiendo opciones que no resultan onerosas
y antes bien son oportunas.
El coeficiente de correlación Rho= 0.516
**
, así como el nivel de significancia estadística de p < .001,
confirman que existe evidencia significativa para aseverar que ambas variables están relacionadas, lo que
refuerza que el principio de oportunidad no es un elemento pensado como una herramienta aislada en el
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proceso penal,
sino
un
elemento
central
en cuanto
al
tratamiento efectivo de los
delitos
privados, lo
anterior evidencia que la eficacia en la aplicación del criterio de oportunidad actúa como un mecanismo
que condiciona el éxito de la acción privada en algunos casos en los cuales es aplicable tal principio y
concurren sus presupuestos, vinculando la operatividad del sistema de justicia penal con la capacidad de
ofrecer salidas alternas que descongestionen el mismo.
La correlación expuesta sugiere que, en la medida en que se aplica de manera certera el uso del principio
de oportunidad en los delitos privados, se fortalece la capacidad de respuesta del sistema ante conflictos
que no necesariamente requieren de una sentencia operada de la forma común o usual en los delitos de
acción privada, para alcanzar con ello la paz entre las partes que puede decirse es uno de los objetivos del
criterio
de
oportunidad,
esto
indica
que
el
respeto
a
las
formas
y
condiciones
de
aplicación
de
este
principio es fundamental, pues su correcta implementación evita la decadencia procesal innecesaria y
garantiza que la gestión de los delitos privados se organice en torno a una visión moderna de la justicia
penal, donde la reparación del daño y la economía procesal son fundamentales para el desarrollo del
proceso.
Tabla 3
.
Relación entre el principio de oportunidad y Delito privado
.
Correlaciones
Principio de
Oportunidad
Delito
Privado
Rho de
Spearman
Principio de
Oportunidad
Coeficiente de
correlación
1,000
,516
**
Sig. (bilateral)
.
<. 001
N
89
89
Delito
Privado
Coeficiente de
correlación
,516
**
1,000
Sig. (bilateral)
<. 001
.
N
89
89
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente
.
Elaboración propia mediante el software SPSS versión 27
.
Los resultados indican que entre la variable política criminal y desistimiento existe un nivel de correlación
Rho de Spearman de .548
**
, lo cual representa una correlación positiva media, este hallazgo sugiere que
la disposición de la política criminal del Estado se encuentra directamente relacionada con la viabilidad y
aplicación del desistimiento como figura procesal, es decir, que a medida que se fortalece la política
criminal nacional orientada a la eficiencia, se facilita el uso del desistimiento como una herramienta para
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finalizar el conflicto, permitiendo que la voluntad de las partes y la economía procesal actúen en conjunto
en la gestión de las causas penales.
La correlación observada de Rho = 0.548
**
, junto con un nivel de significancia estadística de p < .001,
confirman la existencia de prueba significativa para demostrar que ambas variables se relacionan entre sí,
reforzando con ello la idea de que el desistimiento no debe ser comprendido, como una simple renuncia
abandonada al arbitrio del particular, sino como un elemento por medio del cual se expresa la voluntad de
las partes, esto señala que la eficacia en la regulación del desistimiento actúa; como un indicador de éxito
de la política estatal que busca reducir la carga del sistema judicial, relacionando la operatividad del
sistema de justicia penal
con la capacidad de otorgar soluciones que priorizan la paz social
sobre la
persecución penal cuando resulta innecesaria.
En consecuencia la correlación expuesta sugiere que, en la medida en que la política criminal acepta
enfoques menos restrictivos y más restaurativos, se fortalece el uso certero del desistimiento, permitiendo
que el sistema responda con mayor agilidad ante conflictos donde la intervención pública deja de ser
prioritaria frente al acuerdo o la voluntad de que ha sido agraviado, esto indica que el diseño de una
política
criminal
racional
es
fundamental,
pues
su
correcta
configuración
con
figuras
procesales
de
simplificación garantiza que la administración de justicia se organice bajo una visión moderna, donde el
respeto a la autonomía de la voluntad y la gestión de los recursos estatales son pilares esenciales para el
desarrollo del proceso penal.
Tabla 4
.
Relación entre la política criminal y desistimiento
.
Correlaciones
Política
Criminal
Desistimiento
Rho de
Spearman
Política
Criminal
Coeficiente de
correlación
1,000
,548
**
Sig. (bilateral)
.
<. 001
N
89
89
Desistimiento
Coeficiente de
correlación
,548
**
1,000
Sig. (bilateral)
<. 001
.
N
89
89
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente
.
Elaboración propia mediante el software SPSS versión 27
.
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Los resultados indican que entre la variable extinción de la acción penal y derechos de la víctima existe
un nivel de correlación Rho de Spearman de .509**, lo cual representa una correlación positiva media,
esto
sugiere
que
la
aplicación
de
las
causales
de
extinción
de
la
acción
se
encuentra
directamente
relacionada con la tutela y respeto a los derechos de la víctima, es decir, que a medida que el sistema
procesal penal permite la finalización prematura de la acción bajo los presupuestos legales, se logra una
gestión que considera la voluntad del agraviado, permitiendo que la satisfacción de sus derechos y la
solución del conflicto operen de manera conjunta en la terminación del proceso.
Ahora bien el coeficiente de correlación observado de Rho = 0.509**, junto con un nivel de significancia
estadística de p < .001, reafirmación de la existencia de prueba significativa para demostrar que ambas
variables se relacionan entre sí, esto refuerza la tesis de que la extinción de la acción penal no debe
interpretarse como pérdida de la facultad penal del Estado, sino como un componente que, en muchos
casos, garantiza los derechos de la víctima al ofrecer soluciones que atienden su demanda reparatoria o su
deseo de no continuar con el litigio, así se evidencia que la eficacia en el uso de las causales de extinción
actúa como un indicador de un sistema garantista que busca equilibrar la justicia expedita con el respeto
a la dignidad y autonomía de quien ha sufrido el delito.
Tabla 5
.
Relación entre la extinción de la acción penal y derechos de la víctima
.
Correlaciones
Extinción de la
Acción Penal
Derechos de la
Víctima
Rho de
Spearman
Extinción de la Acción
Penal
Coeficiente de
correlación
1,000
,509
**
Sig. (bilateral)
.
<. 001
N
89
89
Derechos de la Víctima
Coeficiente de
correlación
,509
**
1,000
Sig. (bilateral)
<. 001
.
N
89
89
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente
.
Elaboración propia mediante el software SPSS versión 27
.
En resumen la correlación sugiere que, en la medida en que la normativa procesal facilite las formas de
extinción de la acción penal que permitirán respetar los derechos de la víctima, mayor fortalecimiento
habrá el enfoque restaurativo del sistema penal, permitiendo así que el aparato judicial responda con
mayor
clemencia
ante
casos
donde
la
reparación
integral
o
el
acuerdo
entre
las
partes
resulte
más
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beneficioso que un juicio oral y público, así mismo el diseño de mecanismos de extinción racionales son
necesario, pues su correcta implementación garantizando que la administración de justicia no ignore al
sujeto pasivo, organizando el proceso bajo una visión moderna donde el bienestar de la víctima y la
resolución efectiva del conflicto son pilares esenciales para la vigencia del Estado de Derecho.
DISCUSIÓN
El principio de oportunidad y delito privado tienen una relación positiva moderada y estadísticamente
significativa. Este resultado es respaldado por lo expuesto por Miranda (2025), quien define al criterio de
oportunidad
como
una
facultad
que
debe
aplicarse
sin
menoscabar
las
garantías
procesales.
Lo
que
coincide con Moreno (2024), quien lo vincula con la política criminal del Estado.
La relación identificada también la podemos analizar desde la autonomía de la voluntad y la simplificación
procesal propuesta por Molina (2023), el cual sustenta que esta se manifiesta como una respuesta directa
a la crisis de eficiencia del sistema penal, la práctica jurídica demuestra que, cuando las partes tienen la
facultad de influir en el destino de la causa, el proceso penal adquiere un carácter más humano y menos
mecánico,
este
enfoque
se
alinea
con
la
visión
de
Portales
y
González
(2024)
sobre
la
justicia
transaccional,
donde
el
objetivo
principal
deja
de
ser
la
imposición
de
una
pena
para
dar
paso
a
la
resolución efectiva del conflicto, aquí, el principio de oportunidad actúa como el canalizador que permite
que el sistema se centre en lo importante, dejando de lado los obstáculos que tradicionalmente impedían
una respuesta rápida.
Desde una perspectiva de máxima utilidad, defendida por autores como Oliveros (2025), la legitimidad
del principio de oportunidad radica en su capacidad para optimizar los recursos estatales, con esto no tiene
sentido que el aparato estatal invierta esfuerzos en conductas de insignificancia, un concepto desarrollado
por Moya (2022) para describir delitos de escaso impacto social, los hallazgos de este estudio sugieren
que los profesionales del derecho en Honduras han interiorizado este método, reconociendo que la eficacia
del
sistema
depende
de
una
discriminación
positiva
de
las
causas,
de
esta
manera,
el
principio
de
oportunidad no solo descongestiona los juzgados, sino que eleva la calidad de la justicia en los casos de
mayor gravedad.
La
política
criminal
y
el
desistimiento
tiene
una
relación
positiva
moderada
y
estadísticamente
significativa.
Este
hallazgo
indica
la
política
criminal
y
figuras
como
el
desistimiento
revela
una
transformación en la jerarquía de los intereses protegidos, así las barreras doctrinales que antes restringían
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la voluntad de la víctima están cediendo ante una visión más restaurativa, el desistimiento deja de ser visto
como una claudicación del Estado y pasa a ser entendido como una herramienta de paz social, al respecto,
Zavala y Caveda (2023) sostienen que la eficacia de una política criminal se mide por su capacidad para
validar las soluciones consensuadas, en consecuencia, el éxito de la gestión judicial en el ámbito de los
delitos privados está ligado a la facilidad con la que el sistema permite que las partes pongan fin a su
controversia de manera autónoma.
La búsqueda de eficiencia procesal debe mantenerse subordinada al respeto de la legalidad y los derechos
fundamentales. López Torres (2024) y Rodríguez-Arias (2020) advierten sobre las tensiones que pueden
producirse entre el principio de oportunidad y otras garantías del proceso penal. En consecuencia, el
desistimiento no debe interpretarse como una renuncia arbitraria a la persecución penal, sino como una
figura sujeta al cumplimiento de condiciones legales. De acuerdo con Uribe (2023), su aplicación debe
considerar tanto los derechos del imputado como la protección de la víctima.
La
relación
entre
la
extinción
de
la
acción
penal
y
los
derechos
de
la
víctima
también
fue
positiva,
moderada y estadísticamente significativa. Este resultado coincide con Fuentes Tenorio y Banguera Díaz
(2025) y Zúñiga-Martínez (2023), quienes destacan el derecho de la víctima a ser escuchada e informada
durante el proceso. Desde esta perspectiva, la extinción de la acción penal puede vincularse con la tutela
de
sus
intereses
cuando
responde
a
los
requisitos
legales
y
contempla
las
medidas
de
reparación
correspondientes.
Este
planteamiento
también
guarda
relación
con
Ortega
(2023),
quien
resalta
la
importancia de la reparación integral en la solución del conflicto penal.
Los resultados pueden interpretarse desde la necesidad de equilibrar la terminación anticipada del proceso
con
la
protección
de
las
garantías
procesales.
Domínguez
Gallego
et
al.
(2022)
sostienen
que
la
intervención penal debe respetar los derechos fundamentales de las partes. En ese sentido, la aplicación
del principio de oportunidad no debe equipararse automáticamente con impunidad, siempre que exista
control de legalidad y se protejan los intereses de la víctima. Como señalan Portales González (2025), las
soluciones
alternativas
pueden
resultar
pertinentes
cuando
ofrecen
una
respuesta
proporcional
a
la
naturaleza del conflicto.
Los hallazgos también deben analizarse considerando las dificultades conceptuales que rodean al principio
de oportunidad. Teixeira (2023) señala que, incluso en algunos sistemas europeos, no existe completa
claridad sobre su relación con el principio de legalidad. La colaboración con la justicia y la aplicación de
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criterios de oportunidad se perciben como elementos funcionales del sistema procesal, la investigación
sugiere que el profesional del derecho en Honduras ya no cuestiona la validez de estas figuras, sino que
se enfoca en su correcta aplicación práctica, lo cual es relativo con lo planteado por Castro (2013), quien
hace más de una década ya comprendía la necesidad de un sistema penal más flexible y adaptado a las
realidades sociales.
La consolidación de estos mecanismos de simplificación procesal es esencial para evitar lo que algunos
autores
llaman
la
decadencia
procesal
o
el
colapso
administrativo
del
sistema,
así
Murcia
(2025)
y
Amésquita (2023) coinciden en que la viabilidad del proceso penal moderno depende de su capacidad
para derivar casos hacia salidas alternas, por tanto, los datos cuantitativos analizados permiten concluir
que el respeto a las formas y condiciones de aplicación del principio de oportunidad es el cimiento sobre
el cual se construye una visión moderna de la justicia penal, en esta visión, la reparación del daño y la
economía procesal no son solo objetivos secundarios, sino pilares esenciales de la vigencia del Estado de
Derecho.
En
conjunto,
los
resultados
presentan
correspondencia
con
los
planteamientos
doctrinales
de
Moya
(2022), González (2022) y San Cristóbal (2022) sobre la racionalización de la persecución penal y la
búsqueda de soluciones alternativas. Estos datos evidencian que los principios de oportunidad son la
respuesta racional a un sistema judicial que, de otro modo, sería incapaz de cumplir con su promesa de
justicia
pronta
y
cumplida,
el
equilibrio
entre
el
poder
punitivo
del
Estado
y
los
derechos
de
los
particulares se encuentra precisamente en este espacio regulado, donde la ley no solo sanciona, sino que
también ofrece las vías para la reconciliación y la paz social.
CONCLUSIONES
Se
evidencio
que
la
variable
principio
de
oportunidad
y
delito
privado
tienen
una
relación
positiva
moderada,
lo
que
respalda
que
el
principio
de
oportunidad
constituye
un
eje
fundamental
para
fundamentar la eficiencia del sistema de justicia penal en Honduras, sobre todo en el abordaje de los
delitos de acción privada, los resultados comprueban
que la aplicación de este principio y la gestión
efectiva
de
las
causas,
permite
concluir
que
su
uso
correcto
no
solo
descongestiona
el
aparato
jurisdiccional,
sino
que
fortalece
la
autonomía
de
la
voluntad
y
ofrece
soluciones
prontas
y
menos
onerosas para las partes en conflicto.
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Asimismo, se encontró que la política criminal y el desistimiento tiene una relación positiva, lo que revela,
que a medida en que las pautas nacionales se orientan hacia un enfoque de eficiencia y racionalidad, se
facilita la terminación del proceso penal mediante el consenso, esto evidencia que el desistimiento ha
dejado de ser una simple renuncia de la acción para convertirse en un indicador de éxito de una política
estatal que prioriza la resolución pacífica de los conflictos sobre el castigo penal innecesario.
Se determino que existen relación entre la extinción de la acción penal y los derechos de la víctima también
fue positiva, contrario a la percepción de impunidad, la aplicación de criterios de oportunidad y causales
de extinción actúa como un mecanismo que permite la reparación integral del daño, así los resultados
sugieren que el sistema penal actual logra equilibrar la celeridad procesal con la dignidad del agraviado,
asegurando
que
su
voluntad
sea
respetada
y
que
el
proceso
no
se
convierta
en
una
fuente
de
revictimización o gasto estatal estéril.
TRABAJO A FUTURO
A partir de los hallazgos identificados en la presente investigación, se proponen las siguientes líneas de
investigación: Estudio comparativo sobre la efectividad de los métodos alternos de solución de conflictos
aplicados directamente en las sedes policiales o fiscales. Así mismo se pueden orientar investigaciones
sobre
la
aplicación
del
principio
de
oportunidad
en
Honduras,
su
eficacia,
sus
resultados
y
una
comparativa con países de la región que aplican mecanismos similares. Finalmente, resulta interesante
realizar una investigación sobre la reincidencia de aquellos sujetos activos del delito que recibieron el
criterio de oportunidad y ver si los mismos han reincidido en el delito.
CONFLICTO DE INTERÉS
Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés relacionado con el presente estudio.
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
Los
conjuntos
de
datos
que
sustentan
los
resultados
de
este
estudio
se
encuentran
disponibles
en
su
totalidad dentro del presente artículo.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El presente estudio no contó con financiamiento por parte de ninguna organización externa; fue realizado
con recursos propios de los autores.
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DECLARACIÓN SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA
Durante la fase inicial de revisión de literatura, los autores emplearon la herramienta ChatGPT (OpenAI,
versión 5.6) como apoyo para la búsqueda y organización preliminar de información bibliográfica. En las
etapas posteriores de análisis, interpretación de resultados y redacción del manuscrito no se utilizaron
herramientas de inteligencia artificial generativa. Los autores asumen la responsabilidad total sobre el
contenido, la exactitud y la originalidad del trabajo presentado.
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ISSN: 2992 - 7161
Edición 4 | Vol. 4 – Núm. 5 | julio – diciembre 2026 |
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75
Artículo de Investigación Original
TABLA TRABAJO COLABORATIVO
Rol
Autor (es)
Conceptualización
Rivera Valenzuela Gabriel Alfonso
Metodología
Orellana Castillo Aurora, Medina Reyes Adalid
Software
Orellana Castillo Aurora, Medina Reyes Adalid
Validación
Orellana Castillo Aurora, Medina Reyes Adalid
Análisis Formal
Medina Reyes Adalid, Rivera Valenzuela Gabriel Alfonso
Investigación
Rivera Valenzuela Gabriel Alfonso
Recursos
No aplica
Curación de datos
Rivera Valenzuela Gabriel Alfonso, López Mass Andino Sandy Marina
Escritura - Preparación del borrador
original
Rivera Valenzuela Gabriel Alfonso, López Mass Andino Sandy Marina
Escritura - Revisión y edición
Rivera Valenzuela Gabriel Alfonso, López Mass Andino Sandy Marina
Visualización
Rivera Valenzuela Gabriel Alfonso, López Mass Andino Sandy Marina
Supervisión
Orellana Castillo Aurora, Medina Reyes Adalid
Administración de Proyectos
Rivera Valenzuela Gabriel Alfonso
Adquisición de fondos
No aplica
